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Arquitectura e interiores | Blog

Legislación de la vivienda obrera (I)

Ana Amelia Patiño Esteo | 17 de octubre de 2016

Para analizar los factores de la vivienda obrera y su evolución comenzamos hablando de sus promotores en un post anterior. Los promotores venían detallados en la legislación, por lo que hablaremos sobre la evolución de la legislación de la vivienda obrera. El periodo analizado es desde el siglo XIX hasta nuestros días en un marco general de España, por lo que las normativas de comunidades que se aplican hoy en día quedan al margen. Esto no quiere decir que no se apliquen, sino que no las vamos a contemplar. En el post de hoy trataremos desde sus inicios en el siglo XIX hasta la guerra civil.

legislación de la vivienda obrera

Primeras concienciaciones de la legislación de la vivienda obrera

A mediados del siglo XIX comienza un momento de concienciación por parte de la clase trabajadora cuyo caldo de cultivo se dio gracias a la revolución industrial. Con esta, se alcanzaron grandes avances en el terreno de las ciencias, como la medicina. Gracias a esto surgieron corrientes como la higienización urbana. Esto se ve reflejado en la legislación.

La primera que vemos es la de 9 de septiembre de 1853, Casas para pobres. En ella se deja ver que hay un colectivo sin suficiente renta para tener una vivienda digna, dejando en evidencia que hay una sobreocupación que es nido de enfermedades. Se realiza para que en las grandes ciudades (especialmente Madrid y Barcelona) se concedan servicios higiénicos y policiales. Las casas resultantes de esto deben de estar destinadas exclusivamente al proletariado y al menor precio posible.

Gracias a esto vemos una concienciación por parte del pueblo y de la burguesía, por lo que surgen algunas propuestas de ensanches. De estos ensanches quedan los que conocemos hoy en día que se realizaron, pero quedaron muchas propuestas en el tintero, como la que ya tratamos de Daguillon.

El inicio hacia la regularización de la vivienda
Ley de Casas Baratas (1911)

La primera legislación era un mero acto de intencionalidad, por lo que hacia 1907 se inició una preparación para la Ley de Casas Baratas que se publicaría el 13 de junio de 1911. En esta ley es bastante más completa la anterior y asentaría las bases de una serie de legislaciones que irían mejorando las condiciones de estas viviendas de forma paulatina.

Se realiza una definición sobre qué son las casas baratas, marcando como viviendas sociales todas aquellas que sean para perosnas de renta baja, incluyendo tanto casas familiares como bloques de viviendas. El precio de las mismas debía de estar fijado por las juntas.

Ahora la higienización está más arraigada, lo que se puede denotar en cómo define que deben de ser nombradas las Juntas: con un arquitecto o una persona relacionada con el oficio, un médico y un concejal como mínimo. Estas Juntas debían promover la creación de asociaciones que realizarn estas viviendas, gestionar el crédito que se les concedía (lo hacían las Cajas de Ahorros y Montes de Piedad así como el Banco Hipotecario), proponer medidas para su fomento y mantener el control tanto higiénico como de condiciones de las viviendas y sus usuarios (para que mantuvieran las condiciones requeridas para beneficiarse de estas).

Que eran para el proletariado era evidente y se miraba por ellos y por su comunicación y relación por el entorno, ya que por ejemplo si se quería donar terrenos para la construcción de estas casas debían estar cerca y bien comunicados con el centor del municipio y de la zona principal donde los trabajadores ejercieran su jornada.

El último punto a destacar es la exención de impuestos para estas viviendas y para las asociaciones que estuvieran destinadas exclusivamente a su construcción y conservación.

Reglamento-ley de Casas Baratas (1922)

La siguiente ley que marcaría en este terreno sería publicada el 28 de julio de 1922. Esta ley tomó como base la anterior, pero añade cosas bastante interesantes que mejoran la vida de sus inquilinos. Estas mejoras comienzan desde su inicio, ya que al realizar la definición de las viviendas sobre las que actuará incluyen las inmediaciones en las que estas personas viven (denomina “ciudades satélite a estas barriadas), es decir, se incluyen parques y sitios de reunión y paso, así como comercios con todo lo que ello conlleva: el mantenimiento y la higiene.

Además incluye las condiciones de transmisión de la vivienda una vez ha sido adquirida tanto en donación como compraventa, así como las condiciones de arrendamiento. Se determina que el regulador de la renta de los beneficiarios de estas casas son las Juntas de Casas Baratas (como en la anterior legislación) y el Instituto de Reformas Sociales.

Se especifican por primera vez los promotores que pueden participar en la construcción de este tipo de viviendas (primero beneficiándose de unas exenciones tributarias -que en la ley anterior ya estaban contempladas a grosso modo- y concesiones de crédito y luego realizando los trámines necesarios para realizar las construcciones).

También determina las características mínimas que debe cumplir la edificación, quitándole algo de importancia al criterio de la Junta que nombraba la ley de 1911 y que aun entonces tenían que dar el visto bueno al proyecto. Entre estas caracterísiticas mínimas se incluían condiciones mínimas de estructura, higiene con instalaciones de ventilación y salubridad, haciendo especial hincapién en la seguridad contra incendios.

Sin embargo uno de los puntos más importantes que encuentro en esta legislación es la fijación de unas medidas mínimas de los habitáculos, nombrando los m³ de cada uno (por ejemplo 40 m³ en el comedor o en las habitaciones 20 m³ para una persona, 30 m³ para dos y 40 m³ para tres).

Además de estos puntos también trata la garantía de renta a los propietarios (con el abono de hasta el 50% del alquiler), la expropiación forzosa, seguros, la forma de salubrización de habitaciones para subsanar los defectos existentes y sanciones y su aplicación.

Un cambio en la mentalidad

Hemos analizado cómo surgió la preocupación de legislar el bienestar del proletario y sus familias, cómo protegerles y proporcionarles una vivienda digna. A partir de la guerra civil hasta nuestros días esto se ha ido incrementando hasta llegar a la legislación de 1954 en el régimen de Franco y la de 1976 tras su muerte, que es la es adoptada hoy en día a nivel nacional. De esto, de sus cambios y consecuencias hablaremos en el próximo post.

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