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Arquitectura e interiores | Blog

Legislación en la vivienda obrera (II)

Ana Amelia Patiño Esteo | 24 de octubre de 2016

En la anterior entrada estuvimos hablando de los orígenes de la legislación en la vivienda obrera. Hoy trataremos el paso por la Guerra Civil, el Régimen de Franco y el cambio de la normativa hasta nuestros días.

Tras la Guerra Civil

A partir de la Guerra Civil se inician una serie de legislaciones que irán cambiando poco a poco el panorama, que serán una recopilación de todo lo anterior y que se irán completando con diferentes decretos.

La primera de todas ellas es la ley de 19 de abril de 1939, comunmente llamada la Ley de los Protegidos. En ella se cambia la denominación de ciudades satélite y casas baratas por viviendas protegidas. Lo más destacado es la enumeración de los diferentes promotores y sus beneficios fiscales (que luego serán más específicamente detallados mediante decretos -como prácticamente todos los puntos de la ley-), el uso que pueden recibir las viviendas, así como sus usuarios y la expropiación.

Hacia 1946 se replantea el panorama inmobiliario y se publica el Reglamento Hipotecario que afecta a la renta requerida en las viviendas protegidas. Esta es una de las muchas modificaciones que sufrirá el reglamento base que antes hemos visto.

Más tarde, el 15 de julio de 1954 aparece la Ley de Viviendas de Renta Limitada. Esta legislación aplicará varios cambios con respecto a las legilaciones anteriores.

A diferencia de las anteriores, aquí las viviendas se clasifican tanto por la ayuda que reciben como por el tipo de promotor que tienen. Además cambia el tipo de pago de impuestos, que queda bien especificado, así como las pautas de las ayudas, que se marcan como anticipos sin interés. El deber de cada uno de los organismos así como de sus integrantes es la regulación de estas viviendas “ultrabaratas”.  En esta legislación también se trata la formalización de contratos y la presentación de los proyectos, así como la ejecución de las obras. Una de las novedades que tiene con respecto a las anteriores es la duración de condición de régimen de vivienda protegida, que se marca en 20 años.

Al igual que la legislación anterior se irán incluyendo pequeñas modificaciones como el Decreto del 24 de junio de 1955 en el que se exponen las partes generales de la legislación anteriormente nombrada pero se especifican algunos de los aspectos, como el ámbito de protección de las viviendas (quiénes serán los usuarios y los beneficios que obtienen de la legislación, cómo será la vivienda y los diferentes tipos de promotores que pueden existir y sus bonificaciones).

legislacion-vivienda-obrera

Hoy en día

A día de hoy la ley que se tiene en cuenta nacionalmente es el Real Decreto 2960/1976 de 12 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la legislación de vivienda de Protección Oficial al cual se han ido sumando diferentes legislaciones e interpretaciones (como la del 26 de mayo de 1980) que lo completan.

En la legislación del ’76 se realizan algunas modificaciones como la ampliación de beneficios vivienda de protección oficial de 20 a 50 años, añade nuevos promotores y enumera los medios económicos del Instituto Nacional de Vivienda.

A diferencia de esta legislación, la ley de 1922 que tratamos anteriormente habla de temas como el dimensionado de las viviendas o los límites de la renta. Hoy en día estos aspectos están regulados por leyes específicas.

En el factor económico influye la ley 2/1981 de 25 de marzo que regula el mercado hipotecario, que queda parcialmente modificada por la ley 4/2007 de 7 de diciembre que regula el mercado inmobiliario y la ley 1/2013 del 4 de mayo en la que se incluyen medidas para reforzar la prtección de deudores hipotecarios, restructuración de la deuda y alquiler social.

En lo referido a las instalaciones, ocupación y dimensionado hoy en día se encuentran vigentes en el Código Técnico de la Edificación, en el Documento Básico de Seguridad de Utilización y Accesibilidad y el de Seguridad contra Incendios para el dimensionado de las habitaciones y el Documento Básico de Salubridad y Eficiencia Energética para el dimensionado de instalaciones.

Conclusiones

Hoy en día la legislación referente a la vivienda social como tal está referida en varias legislaciones nacionales. No obstante nos encontramos con diferentes legislaciones dentro de las diferentes Comunidades Autónomas y Ayuntamientos debido a la especificidad de cada una de las localidades en las que se puede construir.

Buscar una forma de reflejar y luchar por las viviendas adecuadas a un modo de vida salubre y ergonómico es un derecho fundamental, es el derecho a una vivienda y un espacio dignos.

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